A fecha 1 de octubre de 2026, España contabiliza 1.663 explotaciones inscritas en titularidad compartida. La cifra supone un avance respecto a los primeros años de vigencia de la ley, pero sigue siendo modesta si se compara con las cientos de miles de explotaciones agrarias existentes en el país.
Quince años después de la aprobación de la Ley 35/2011 de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, las cifras siguen mostrando una realidad ambivalente. La norma nació con un objetivo claro: visibilizar y reconocer el trabajo de miles de mujeres que, pese a desempeñar funciones esenciales en las explotaciones familiares, permanecían invisibles desde el punto de vista jurídico, económico y administrativo.
Sin embargo, los datos del Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida (RETICOM) reflejan que su implantación continúa siendo limitada y muy desigual según los territorios.
A fecha 1 de octubre de 2026, España contabiliza 1.663 explotaciones inscritas en titularidad compartida. La cifra supone un avance respecto a los primeros años de vigencia de la ley, pero sigue siendo modesta si se compara con las cientos de miles de explotaciones agrarias existentes en el país.
Un balance agridulce
La ley ha conseguido establecer una herramienta jurídica pionera para garantizar que ambos miembros de una pareja que gestionan conjuntamente una explotación tengan los mismos derechos económicos, laborales y de representación. Gracias a esta fórmula, las mujeres pueden acceder en igualdad de condiciones a ayudas, prestaciones de la Seguridad Social, derechos de voto en organizaciones agrarias o participación en órganos de decisión.
Sin embargo, el número total de explotaciones registradas evidencia que la medida no ha logrado una implantación masiva. La titularidad compartida sigue siendo una figura relativamente desconocida para buena parte del sector agrario y, en muchos casos, las explotaciones familiares continúan funcionando bajo estructuras tradicionales en las que solo una persona figura oficialmente como titular.
La distribución territorial es, además, extraordinariamente desigual.
Castilla y León, el gran éxito de la titularidad compartida
La comunidad que destaca claramente es Castilla y León, con 770 explotaciones inscritas, casi la mitad de todas las registradas en España. Muy por detrás aparecen Castilla-La Mancha, con 327, y Extremadura, con 173. Entre las tres comunidades suman más de tres cuartas partes del total nacional.
Este liderazgo no parece casual. Diversos factores ayudan a explicarlo:
- Una estructura agraria basada en explotaciones familiares de tamaño medio y grande. Estas explotaciones suelen estar gestionadas por matrimonios o parejas que comparten tareas de dirección y gestión, encajando perfectamente con la filosofía de la ley.
- Un importante peso de la actividad profesional agraria. En estas regiones existe una mayor presencia de agricultores y ganaderos a título principal, lo que hace más relevantes los beneficios asociados al reconocimiento jurídico de ambos titulares.
- Políticas autonómicas de impulso. Castilla y León ha sido históricamente una de las comunidades más activas en la promoción de la titularidad compartida mediante campañas informativas, incentivos adicionales y asesoramiento específico desde organizaciones agrarias y oficinas de desarrollo rural.
- Mayor implantación de organizaciones profesionales agrarias. Las OPAs y asociaciones de mujeres rurales han desempeñado un papel clave en la difusión de esta figura.
El contraste con otras regiones
La situación es muy distinta en buena parte del litoral mediterráneo, los archipiélagos y varias comunidades del norte. Cataluña apenas registra cuatro explotaciones en titularidad compartida; Baleares y Canarias presentan cifras muy reducidas; y comunidades con una elevada actividad agraria, como la Comunidad Valenciana o Murcia, muestran números modestos.
Las razones son múltiples.
Diferente estructura productiva: En muchas zonas mediterráneas predominan explotaciones pequeñas, a menudo orientadas a producciones intensivas o complementarias a otras actividades económicas. En estos casos, los titulares pueden percibir menos ventajas en realizar los trámites necesarios para acogerse al régimen.
Agricultura a tiempo parcial: La titularidad compartida fue concebida para explotaciones familiares profesionalizadas. En territorios donde es frecuente la agricultura a tiempo parcial o donde la actividad agraria representa un complemento de renta, la figura pierde atractivo.
Menor difusión institucional: Las diferencias entre comunidades también sugieren que el grado de información y acompañamiento ha sido determinante. Allí donde las administraciones autonómicas han impulsado campañas específicas, las inscripciones han aumentado. Donde la divulgación ha sido más limitada, los registros permanecen testimoniales.
Barreras burocráticas: Uno de los principales reproches realizados por organizaciones agrarias y asociaciones rurales es la complejidad administrativa del procedimiento. Aunque la ley otorga ventajas claras, muchas parejas consideran que los beneficios prácticos no compensan los trámites necesarios para formalizar la titularidad compartida.
¿Un problema cultural?
Más allá de los factores económicos y administrativos, existe una cuestión de fondo relacionada con la cultura empresarial agraria. Durante décadas, numerosas explotaciones familiares han funcionado con un único titular legal, generalmente el hombre, pese a que las decisiones y el trabajo diario fueran compartidos. La titularidad compartida cuestiona ese modelo tradicional y exige formalizar una realidad que ya existía en la práctica.
En territorios donde el relevo generacional, la profesionalización y la incorporación de mujeres a puestos de dirección están más avanzados, la aceptación de la figura parece haber sido mayor. Donde persisten esquemas más tradicionales, el desarrollo ha sido más lento.
El reto: pasar del símbolo a la normalidad
La ley puede considerarse un éxito desde el punto de vista conceptual. Ha reconocido jurídicamente una realidad histórica y ha situado la igualdad en el centro de la política agraria. Sin embargo, los datos muestran que todavía no ha logrado una implantación suficiente para transformar de manera estructural el sector.
La gran paradoja es que nadie cuestiona hoy la necesidad de reconocer el trabajo femenino en las explotaciones familiares, pero solo 1.663 explotaciones han dado el paso de acogerse formalmente a una figura creada precisamente para hacerlo.
Quince años después de su aprobación, el principal desafío ya no parece ser jurídico, sino práctico: simplificar procedimientos, mejorar la información y demostrar a las familias agrarias que la titularidad compartida no es una declaración simbólica, sino una herramienta útil para garantizar derechos, favorecer el relevo generacional y reforzar la sostenibilidad social del medio rural.
Porque el mapa de la titularidad compartida en España revela algo más que diferencias administrativas entre comunidades autónomas: muestra dónde la igualdad ha conseguido traducirse en registros y dónde todavía sigue siendo una realidad poco visible sobre el papel.
