Con motivo del 25 de noviembre, según AFAMMER, la organización se ha sumado un año más al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordando que esta sigue siendo una de las vulneraciones de derechos humanos más graves a nivel global.
La entidad alerta de que la violencia machista no entiende de edades ni fronteras, y que en el medio rural adopta formas más invisibles pero igualmente letales. Subraya que todavía existen barreras que dificultan la denuncia, el acceso a la protección y las posibilidades reales de que muchas mujeres puedan iniciar una vida libre de miedo.
Según los datos difundidos por AFAMMER, en 2024 fueron asesinadas 48 mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas, 20 de ellas residentes en municipios rurales. Solo 15 habían presentado denuncia previa, lo que evidencia las dificultades y obstáculos estructurales que enfrentan muchas víctimas. Entre las causas destacan el miedo, la dependencia económica o emocional, la desconfianza en los servicios públicos y la falta de referentes cercanos. En el ámbito rural, esta situación se agrava por el aislamiento geográfico, la escasez de recursos y la presión social que empuja al silencio.
La organización también advierte de que la violencia afecta especialmente a mujeres jóvenes, mujeres mayores y a quienes viven en pueblos pequeños. A esto se suman nuevas formas de agresión vinculadas a la tecnología y la persistencia de la desigualdad económica, así como el impacto de la violencia vicaria en miles de niños y niñas.
En este 25 de noviembre de 2025, AFAMMER reitera su compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y reclama la implicación de toda la sociedad para poner fin a esta grave vulneración de los derechos humanos.
En el Día Internacional contra la Violencia de Género desde AFAMMER piden:
- Romper el silencio, especialmente en el medio rural. Porque en los municipios más pequeños las víctimas enfrentan una doble barrera: por un lado, viven en un entorno donde todo el mundo se conoce y pesa demasiado “el qué dirán” y el miedo a ser señaladas; y por otra parte, sufren la falta de recursos y apoyos reales a su alrededor. Según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, en los municipios de menos de 2.000 habitantes solo el 66,9% de las víctimas verbaliza o denuncia su situación, frente al 83,3% en las grandes ciudades. Este silencio es el primer obstáculo a vencer.
- Asegurar un compromiso presupuestario real y sostenido. La lucha contra la violencia de género no puede depender del tamaño del municipio ni del signo político de las administraciones. Es urgente garantizar financiación específica para impulsar más programas de prevención, atención y protección a las víctimas en zonas rurales, así como recursos estables para las asociaciones que trabajan sobre el terreno.
- Visibilizar y romper la invisibilidad de la violencia en el medio rural. Es imprescindible que los planes estatales incluyan indicadores específicos para el entorno rural y que se apoye a los municipios más pequeños en el desarrollo de políticas de igualdad y prevención.
- Frenar la violencia digital e impulsar la educación en igualdad desde edades tempranas. La violencia digital se ha convertido en una de las formas más extendidas y normalizadas entre adolescentes y jóvenes. Según datos recientes, el 60% de las jóvenes españolas han sufrido violencia sexual digital. Esta realidad exige una respuesta inmediata: educar en igualdad, respeto y uso seguro de las tecnologías, y hacerlo también en las escuelas rurales, donde la falta de recursos limita la prevención y el acompañamiento.
- Garantizar atención integral a mujeres mayores y con discapacidad. Estas mujeres son especialmente vulnerables, y en el medio rural aún más. El aislamiento social, la dependencia económica o física y la escasez de recursos específicos impiden que muchas puedan salir del círculo de la violencia. Necesitamos políticas públicas que no las dejen atrás.
- Proteger de forma efectiva a los menores y prevenir la violencia vicaria. En 2024, nueve niños y niñas fueron asesinados por seis agresores, siete de ellos por sus propios padres. La mayoría de estos crímenes se produjo en contextos de separación o custodia compartida, donde el sistema no supo detectar el riesgo ni garantizar la seguridad de los menores. Urge establecer protocolos rigurosos de evaluación del riesgo, limitar el contacto con progenitores violentos y garantizar la protección integral de los hijos e hijas de las víctimas.
- Reforzar la eficacia del sistema de protección integral. Las medidas de protección solo funcionan si están bien aplicadas. Solo 15 de las 48 mujeres asesinadas en 2024 habían denunciado a su agresor, y algunas de ellas contaban con medidas que fueron quebrantadas. Es imprescindible establecer protocolos eficaces para detectar cualquier fallo en el sistema de protección integral, desde la denuncia hasta la aplicación de medidas judiciales, sociales o policiales, y mejorar su coordinación.
